El pasado miércoles día 21 tuve la oportunidad de participar en la concentración que se celebró junto a la embajada de Colombia en Madrid, en la calle General Martínez Campos, para celebrar un acto de solidaridad con la Comunidad de San José de Apartadó y denunciar la continua violación que de los derechos humanos se viene produciendo en el país latinoamericano.
La población civil que reside en el área de San José de Apartadó, municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia en Colombia, se decidió, en el año 1997, ha crear la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con el objetivo de persuadir a las fuerzas armadas y a las guerrillas a que respetaran su derecho a no ser arrastrados y utilizados como parte del prolongado conflicto que azota sin tregua a la población colombiana. La Comunidad de Paz ha insistido siempre en que los combatientes de ambos bandos se mantuvieran siempre fuera de las zonas habitadas y de cultivo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acusado a la comunidad de colaboración con el enemigo y las fuerzas de seguridad del Gobierno y sus aliados paramilitares de subversión. El resultado es que desde que se creó la Comunidad de Paz más de 160 de sus miembros han “desaparecido” o han sido asesinados a manos de las fuerzas de seguridad y de las FARC.
El temor por la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue en aumento por las nuevas amenazas de paramilitares respaldados por el ejército. Varios miembros de Amnistía Internacional en España me explicaron con palpable preocupación que el pasado 15 de enero un grupo de 10 hombres armados que se identificaron como paramilitares miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se acercaron a San José de Apartadó para extraer información sobre la Comunidad de Paz y sus miembros. Según algunos testigos los paramilitares afirmaron estar preparando un grupo especial para atacar a la Comunidad.
Los continuos informes que llegan desde Colombia a la sede española de Amnistía Internacional afirman que en el departamento de Antioquia continúan operando fuerzas paramilitares pese al pretendido proceso de desmovilización promovido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y la fuerte presencia militar y policial desplegada en la zona.
A la concentración asistieron, además, miembros de otras organizaciones en pro de los derechos humanos y algunos familiares que, entre rabia y desesperación, siguen luchando para exigir justicia y manifestar al Gobierno colombiano que NO OLVIDAN. No olvidan la muerte de ocho miembros de la Comunidad de Paz hace ahora dos años, entre los que se encontraban Natalia, de seis años, Deiner, de once, Santiago, de dos… además de tres mujeres y otros dos hombres. Esta masacre, como tantas otras, continúa impune.
El conflicto que azota Colombia desde hace más de 40 años se ha convertido en un ciclo interminable de violencia que ha causado la muerte a un elevadísimo número de víctimas civiles. Las comunidades de origen africano, los indígenas, los campesinos y los desplazados, los defensores de los derechos humanos y los grupos sindicales son algunos de los grupos que más abusos han recibido desde que se iniciara el conflicto colombiano. Actualmente son víctimas de numerosas amenazas y atentados. El último ejemplo ha sido el asesinato el pasado 31 de enero en el departamento de Córdoba de Yolanda Izquierdo, defensora de los derechos humanos y representante de algunos supervivientes víctimas de abusos a manos de los paramilitares. Sin embargo, la impunidad por ambos bandos sigue siendo la norma.
Este hecho viene a empañar, aún más si cabe, el supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares impulsado por el Gobierno Colombiano y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Unión Europea apoyan. Pese a que el presidente Uribe asegura haber desmovilizado a más de 30.000 combatientes las violaciones y los abusos de los derechos humanos continúan impunes y no hay un compromiso firme que garantice la protección de la población civil colombiana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos perteneciente a la Organización de los Estados Americanos ha pedido a las autoridades de Colombia que tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz. La última vez que esta Corte realizó este llamamiento fue en su resolución del 15 de marzo de 2005. Sin embargo, las autoridades colombianas continúan haciendo oídos sordos.
La población civil que reside en el área de San José de Apartadó, municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia en Colombia, se decidió, en el año 1997, ha crear la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con el objetivo de persuadir a las fuerzas armadas y a las guerrillas a que respetaran su derecho a no ser arrastrados y utilizados como parte del prolongado conflicto que azota sin tregua a la población colombiana. La Comunidad de Paz ha insistido siempre en que los combatientes de ambos bandos se mantuvieran siempre fuera de las zonas habitadas y de cultivo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acusado a la comunidad de colaboración con el enemigo y las fuerzas de seguridad del Gobierno y sus aliados paramilitares de subversión. El resultado es que desde que se creó la Comunidad de Paz más de 160 de sus miembros han “desaparecido” o han sido asesinados a manos de las fuerzas de seguridad y de las FARC.
El temor por la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue en aumento por las nuevas amenazas de paramilitares respaldados por el ejército. Varios miembros de Amnistía Internacional en España me explicaron con palpable preocupación que el pasado 15 de enero un grupo de 10 hombres armados que se identificaron como paramilitares miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se acercaron a San José de Apartadó para extraer información sobre la Comunidad de Paz y sus miembros. Según algunos testigos los paramilitares afirmaron estar preparando un grupo especial para atacar a la Comunidad.
Los continuos informes que llegan desde Colombia a la sede española de Amnistía Internacional afirman que en el departamento de Antioquia continúan operando fuerzas paramilitares pese al pretendido proceso de desmovilización promovido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y la fuerte presencia militar y policial desplegada en la zona.
A la concentración asistieron, además, miembros de otras organizaciones en pro de los derechos humanos y algunos familiares que, entre rabia y desesperación, siguen luchando para exigir justicia y manifestar al Gobierno colombiano que NO OLVIDAN. No olvidan la muerte de ocho miembros de la Comunidad de Paz hace ahora dos años, entre los que se encontraban Natalia, de seis años, Deiner, de once, Santiago, de dos… además de tres mujeres y otros dos hombres. Esta masacre, como tantas otras, continúa impune.
El conflicto que azota Colombia desde hace más de 40 años se ha convertido en un ciclo interminable de violencia que ha causado la muerte a un elevadísimo número de víctimas civiles. Las comunidades de origen africano, los indígenas, los campesinos y los desplazados, los defensores de los derechos humanos y los grupos sindicales son algunos de los grupos que más abusos han recibido desde que se iniciara el conflicto colombiano. Actualmente son víctimas de numerosas amenazas y atentados. El último ejemplo ha sido el asesinato el pasado 31 de enero en el departamento de Córdoba de Yolanda Izquierdo, defensora de los derechos humanos y representante de algunos supervivientes víctimas de abusos a manos de los paramilitares. Sin embargo, la impunidad por ambos bandos sigue siendo la norma.
Este hecho viene a empañar, aún más si cabe, el supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares impulsado por el Gobierno Colombiano y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Unión Europea apoyan. Pese a que el presidente Uribe asegura haber desmovilizado a más de 30.000 combatientes las violaciones y los abusos de los derechos humanos continúan impunes y no hay un compromiso firme que garantice la protección de la población civil colombiana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos perteneciente a la Organización de los Estados Americanos ha pedido a las autoridades de Colombia que tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz. La última vez que esta Corte realizó este llamamiento fue en su resolución del 15 de marzo de 2005. Sin embargo, las autoridades colombianas continúan haciendo oídos sordos.
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